Hace unas pocas semanas era un ciudadano colombiano quien segaba la vida de una española al manejar su carro con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Días después, la siguiente víctima mortal de un atropello en la ciudad de Valencia resultaba ser una chica de 25 años cuya bicileta fue embestida por un inmigrante ecuatoriano que pisó a fondo el pedal cuando el semáforo se encontraba en ámbar. El último accidente de tráfico grave se registraba ayer mismo y, de nuevo, la víctima ha sido una española y el causante del atropello un extranjero, en este caso un marroquí que iba bebido y que además se dio a la fuga. Los tres casos tienen en común la nacionalidad extranjera de los infractores, la españolidad de las víctimas y el hecho de que en todos ellos los jueces de guardia hayan dejado en libertad a los delincuentes, acusados tan solo de delitos como homicidio imprudente o de omisión del deber de socorrro, que raramente acarrean penas de prisión. Lo curioso es que para el policía que atropelló a una ciclista alemana en Mallorca y se dio a la fuga el juez de intrucción decretó su ingreso en prisión sin fianza. ¿Por qué este doble rasero?, Pues quizás porque en este caso la víctima era extranjera y el infractor probablemente español. No se me ocurre otra explicación.
Para asegurar nuestra supervivencia, los únicos carros que se les debieran dejar conducir a los inmigrantes son los de la compra y aquellos que tan alegremente mangan de los supermercados.
Y la cosa sigue:
Francesa que asesina a tres personas en Lérida tras una imprudencia al volante.
Y rumano que conduce borracho y con un carnet de conducir de su país sin convalidar y además falso.
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